Coyuntura colombiana - Julio de 2012 publicada en la revista Encuentro N° 135

ECONOMÍA

*Colombia vive las consecuencias de la imposición de un modelo económico basado, de un lado, en la exportación de petróleo y minerales, de “commodities” y, del otro, en el fortalecimiento del sector financiero. Más del 80% de las inversiones procedentes del exterior (más de 13 mil millones de dólares) que llegaron al país el año pasado corresponden al sector minero. Este mismo sector responde por el 70% de nuestras exportaciones, de las cuales la mayoría está representada en ventas de petróleo y carbón.

No obstante el gran peso que tiene en la economía actual la minería solo genera el 3% del empleo del país. La mayor parte de las utilidades de las exportaciones de petróleo, carbón , oro quedan en manos de los empresarios extranjeros que han aprovechado las grandes facilidades jurídicas y tributarias que les ofrece el Estado colombiano para efectuar un verdadero saqueo de estos recursos naturales no renovables contaminando fuentes de agua, destruyendo reservas forestales, desertificando el suelo y arrasando con la minería artesanal.

Entre las gabelas que brinda el Estado colombiano a estas empresas mineras extranjeras está la de descontar el dinero pagado por regalías de la liquidación de los impuestos de renta, de tal manera que en un solo año terminaron ahorrándose por este solo concepto cerca de 2 billones de pesos= 1.170 millones de dólares.

Las regalías que pagan al Estado no guardan proporción con la alta rentabilidad que obtienen los empresarios. En la explotación del petróleo el porcentaje de regalías oscila entre el 8% y el 20% del producido total; en el caso del carbón y del oro en el mejor de los casos no pasan del 5%.

El año pasado las finanzas del gobierno recibieron del sector minero impuestos y participaciones por 7 mil millones de dólares, mientras que las empresas remitieron ganancias a sus centrales en el extranjero por más de 11.700 millones de dólares. La mayoría de estas empresas lleva una “doble contabilidad” lo que les permite disfrazar sus verdaderos ingresos. Además, ahora han apelado al truco de cambiar de nombre, de razón social, de acuerdo a la región donde estén explotando el mineral, lo que hace aún más confuso el seguimiento o rastreo de sus utilidades.

Una sola compañía, la canadiense “Pacific Rubiales” de origen venezolano, que tiene en su poder el principal yacimiento petrolero del país en el departamento del Meta, región de los Llanos orientales, aumentó en un solo año en un 300% sus ganancias.

La mayoría de estos empresarios para maximizar la rentabilidad emplean personal contratado a destajo evadiendo las obligaciones que la ley colombiana les impone. La propia “Pacific Rubiales” ha debido enfrentar reiteradas huelgas en el Meta del personal subcontratado que reclama el cumplimiento de sus derechos laborales violados por los directivos de la compañía.

Para hacerse a los yacimientos y concesiones de explotación los inversionistas han apelado a todo tipo de artimañas conocedores de la profunda corrupción existente en la burocracia estatal colombiana. Esto explica que muchos de ellos hayan obtenido permisos para explotar yacimientos de oro o de carbón en parques naturales y reservas forestales; o que hayan conseguido autorización para desaparecer pueblos con más de 400 años de historia como es el caso de Marmato en el departamento de Caldas, cuyo subsuelo está atravesado por una rica veta de mineral de oro que planea explotar a cielo abierto la empresa canadiense “Medoro”, emparentada comercialmente con la “Pacific Rubiales”.

Otra táctica muy empleada por estos inversionistas es la de vincular a sus consejos directivos o a puestos ejecutivos en el país a ex altos funcionarios públicos colombianos que han tenido papeles claves en el manejo de las políticas mineras del país o tienen gran influencia y prestigio dentro de la élite que controla la política y la economía de la nación.

La exportación de materias primas, en este caso de petróleo y de otros minerales, al no generar empleo productivo en gran número en el país ha creado varios fenómenos que han terminado por agravar la desigualdad social existente. En primer lugar, ha promovido la concentración de los empleos de altos ingresos en una minoría de técnicos, proveedores de servicios, asesores financieros, contratistas que son los verdaderos beneficiarios de la presunta bonanza económica que según los voceros oficiales disfruta el país. A esta minoría privilegiada se agregan los políticos y empresarios que se han enriquecido con la malversación de los dineros que en concepto de regalías reciben los departamentos y municipios donde se encuentran las explotaciones mineras.

En segundo lugar, la ineptitud del gobierno central para darle un manejo prudente al flujo de dólares que ha ingresado a la economía no solo por cuenta de las inversiones, impuestos y regalías del sector minero, sino también por la entrada de capitales especulativos atraídos por las tasas de interés que se pagan en Colombia y el lavado de las ganancias del narcotráfico, ha encarecido artificialmente el valor de la moneda nacional , el peso, devaluando las monedas del comercio internacional como el dólar y el euro.

La revaluación del peso colombiano ha hecho que nuestros productos manufacturados pierdan competitividad en el extranjero y sean eliminados de esos mercados, lo que, a su vez, se ha traducido en el cierre o traslado a otros países de plantas industriales y la pérdida neta de empleos productivos que generan riqueza real para el país.

Otras exportaciones agrícolas tradicionales como las flores, el café y el banano también han sido afectadas fuertemente por la revaluación del peso colombiano.

En tercer lugar, la abundancia de dólares ha promovido una verdadera avalancha de importaciones de todo tipo incluyendo las de alta gama o artículos suntuarios que han alimentado una fiebre consumista en los estratos de mayores ingresos del país. Muchos de los artículos importados han terminado por quebrar la producción nacional lo que acentúa aún más la dependencia de nuestra economía de la exportación de materias primas, un modelo que no dista mucho del que imperó en Colombia en el siglo 19 y en la mayor parte del siglo 20 a partir de las reformas librecambistas del primer presidente del partido Liberal en nuestra historia, José Hilario López, en 1849.

*El modelo económico vigente fortalece la concentración de la riqueza y la desigualdad social en el país. El coeficiente Gini de desigualdad para Colombia es de 0,59 uno de los 10 más altos del mundo y uno de los 3 más altos de Suramérica ( el coeficiente Gini va de 0 a 1, donde 0 es la perfecta igualdad de ingresos de todos los habitantes y 1 es la absoluta desigualdad). Este coeficiente ha venido aumentando progresivamente en estos últimos diez años, ( en el 2000 era de 0,52) lo que indica que en lugar de una redistribución de ingresos lo que ha impulsado el modelo económico vigente es un aumento en la concentración de los mismos.

Cifras de la CEPAL señalan para Colombia que el 44,3% de la población se encuentra en la pobreza y el 14,8% en la miseria. Estos porcentajes ubican a nuestro país entre las siete naciones de América Latina, sin contar a Haití, con mayor porcentaje de población en pobreza después de Honduras (68,9%), Nicaragua (61,9%), Paraguay (56%), Guatemala (54,8%), Bolivia (54%), El Salvador (47,9%).

Para América latina se señalan unos porcentajes de 31,4% de habitantes en la pobreza y de 12,3% en la indigencia. De los 177 millones de latinoamericanos en la pobreza Colombia aporta a esta triste cifra unos 20 millones, es decir, el 11,2% del total de los mismos.

La estructura del mercado laboral en nuestro país refleja la inequidad existente en el país. El 63% de los empleos se ubican en la economía informal , no están cotizando a la seguridad social y no tienen contrato de trabajo escrito. En las principales ciudades esta informalidad o “economía del rebusque” afecta a la mayoría de la población trabajadora. En Bogotá ese porcentaje es del 57%, en Medellín del 50%, en Cali del 64% y en Barranquilla del 70%. Pero hay ciudades que llegan a porcentajes de informalidad superiores al 80% como Quibdo, Riohacha, Florencia, que son capitales de departamentos ubicados en la periferia de las zonas donde se concentra el grueso del aparato económico nacional.

Dentro de la población ocupada el 19% gana menos del salario mínimo legal mensual que es de unos USA 300 dólares y el 44% devenga menos de USA 600 dólares mensuales.

En las zonas rurales la realidad de los ingresos devengados es aún más impactante porque el 90% de los trabajadores rurales ganan menos de USA 300 dólares al mes.

Entre las mujeres el desempleo es mucho más alto que entre los hombres. Un Estudio de la Procuraduría Nacional señala un 10% como tasa de desempleo para los hombres en las zonas urbanas , mientras que el de las mujeres es de 18%.

Los jóvenes entre los 17 y los 25 años de edad también se ven notablemente afectados por el desempleo. El porcentaje de jóvenes que ni estudian, ni trabajan es del 23%, cifra muy parecida a la que se registra en otros países latinoamericanos como México, El Salvador, Chile o Venezuela.

Colombia continúa violando los tratados de la Organización internacional del trabajo ya que en la actualidad hay más de 1 millón de niñ@s trabajando y el 34% de los mismos no está estudiando.

*La concentración de la propiedad de los medios de producción es notable en Colombia. Por ejemplo en el caso de la propiedad de las tierras el índice Gini para este sector subió en los últimos diez años del 0,74 al 0,88 uno de los más altos del mundo.
Según algunos estudios unos 3.200 hacendados controlan el 53% de la tierra del país.

Otros informes señalan que el 77% de la tierra está en manos del 13% de los propietarios. La frontera agrícola colombiana es de unas 44 millones de hectáreas, de las cuales solo 5 millones están dedicadas a la agricultura. El resto está destinado a la llamada ganadería extensiva que no solo es poco tecnificada, sino que emplea muy escasa mano de obra. De esta manera se están desperdiciando por lo menos unas 21 millones de hectáreas de tierras aptas para cultivos. Toda esta situación se ha traducido en la pérdida de la autosuficiencia alimentaria del país desde hace varios años.

En la actualidad estamos importando artículos básicos de consumo popular como maíz, trigo, frijol, avena, lentejas, cebada entre otros y hasta el café para el consumo interno porque el que se produce en Colombia se destina a la exportación. El tratado de libre comercio con los Estados Unidos agravará esta dependencia ya que en dicho acuerdo se autoriza la importación a nuestro país de cereales, carne de pollo, leche y derivados cuya producción está subsidiada por el gobierno norteamericano, lo que permite que puedan ser vendidos a precios muy bajos con los que no pueden competir nuestros pequeños y medianos agricultores.

Desde hace unos veinte años se produjo en el país una verdadera contrarreforma agraria a sangre y fuego gracias a la acción de los grupos paramilitares al servicio de los grandes terratenientes y empresarios del sector y a la complicidad de las autoridades estatales. No menos de 5,2 millones de personas fueron desplazadas de sus tierras y lugares de origen. Alrededor de 6,6 millones de hectáreas fueron arrebatadas a sus legítimos dueños , despojo que explica como los grandes hacendados que en el año 1986 tenían el 36% de las tierras , ahora están apoderados del 53%.

Mientras en las zonas urbanas el porcentaje de pobreza es del 30% y el de indigentes es del 7%, en el campo los pobres son el 65% y los que están en la miseria el 33% de la población.

El gobierno hizo aprobar del Congreso una Ley de restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado con la que se pretende empezar a resolver los graves conflictos sociales existentes en el campo. Sin embargo, la aplicación inicial de la ley ha demostrado que será muy difícil revertir la situación de despojo existente. De un lado, gran parte de los despojadores están aliados o asociados con bandas armadas, los “neoparamilitares”, para defender sus conquistas aunque para ello tengan que apelar, como ya lo vienen haciendo, a asesinar a los líderes de las organizaciones campesinas que reclaman la devolución de sus predios. Estos crímenes están quedando en la más completa impunidad y a esto se agrega que existe una verdadera telaraña jurídico-política de cómplices de los despojadores en las regiones que será muy difícil de desarraigar para los funcionarios del gobierno encargados de poner en práctica la ley.

El texto de la ley es ambiguo en algunos de sus alcances. Por ejemplo, admite que cuando los actuales poseedores de las tierras demuestren que las adquirieron de buena fe, los campesinos que las reclaman deberán convenir con los poseedores unos contratos de arrendamiento de esas tierras que autorizan a los poseedores a seguirlas explotando a cambio de un pago en calidad de alquiler por las mismas. Por esta vía pueden resultar burlados muchos de los reclamos que puedan presentar los legítimos propietarios.

El gobierno calcula que no menos de 450 mil familias campesinas tienen derecho a la restitución. Sin embargo, es claro que no basta con el proceso legal de devolverle los predios a los campesinos; es necesario idear un programa muy completo de acompañamiento financiero y técnico que mediante crédito barato y oportuno, asesoría especializada y mecanismos de comercialización le aseguren a los campesinos restituídos que no tendrán que salir nuevamente de las tierras recuperadas agobiados esta vez por el hambre y la miseria.

El gran problema para el gobierno es que todo este programa tiene un costo no inferior a los 30 mil millones de dólares en los próximos diez años y que para ejecutarlo se necesita un gigantesco proceso de planeación y manejo eficaz de los recursos por parte de la burocracia estatal, burocracia que está dominada por el despilfarro, la corrupción y el clientelismo político.

Sobra decir que la Ley ha sido rechazada vehementemente por los sectores más conservadores del país encabezados por el presidente Uribe quien la ha calificado como perturbadora de lo que él llama “la paz social en el campo” y de “los derechos de la propiedad privada”.

Como si los anteriores factores no fueran suficientes, la aplicación de la ley enfrentará otra dificultad más, igualmente compleja. El gobierno está promoviendo en ciertas regiones como los Llanos Orientales la entrada de grandes grupos financieros de Colombia y del exterior para que compren tierras y monten complejos agroindustriales en base a cultivos de soya, maíz, palma de aceite, cuyos derivados en aceites, en bio combustibles , en harinas gozan de muy altos precios en los mercados internacionales.

Esta promoción de los grandes inversionistas va en consonancia con lo acordado en el tratado de comercio con los Estados Unidos, según el cual los agricultores colombianos podrán exportar libremente a ese país artículos como el azúcar, los aceites vegetales, los bio combustibles, cuya cadena de producción está enteramente controlada por un pequeño núcleo de grandes hacendados y empresarios del país.

La ley de restitución de tierras en estas circunstancias muy posiblemente se convertirá en una nueva frustración para la población desplazada y empobrecida del país. El mismo gobierno que promete devolverle las tierras a los pequeños campesinos es el que se alía con los grandes empresarios para permitir la libre entrada a bajos precios de productos agrícolas al país con los cuales no puede competir nuestro pequeño cultivador y , al mismo tiempo es el que facilita que esos mismos empresarios se apoderen de miles de hectáreas de las mejores tierras del país no para abastecer el mercado interno, sino para enriquecerse con las ventas de los cultivos de esas tierras en el exterior.

*Los cultivos del arbusto de coca se han reducido en el país. Se habla de unas 56 mil hectáreas sembradas en la actualidad, en contraste con las más de 120 mil que existían en el año 2000. La mayoría de los cultivos se sitúan en los departamentos del Sur occidente del país como Cauca, Nariño, Caquetá donde los grupos armados irregulares tienen una fuerte presencia. En estas regiones el narcotráfico sigue siendo un elemento clave dentro de las economías locales, que no han recibido del gobierno central inversiones y apoyos para diversificarse y crear empleo productivo.

Si bien Colombia produce ahora un promedio de 380 toneladas anuales de cocaína pura , una cantidad bastante reducida en relación a las 800 que se lograban producir en la época del auge de los carteles de la mafia colombiana a finales del siglo 20, esa producción sigue siendo suficiente para mantener al país como el primer exportador de cocaína del mundo.

Lo que ha cambiado ostensiblemente es el control de la cadena de comercialización de la cocaína que ahora se encuentra en manos de los carteles mexicanos quienes se quedan con el grueso de las ganancias del tráfico. Las mafias colombianas están en su mayoría asociadas o subordinadas a las mexicanas y solo tienen responsabilidad en la parte inicial de la cadena: siembra, compra de la hoja, procesamiento químico y embarque del producto a Centroamérica.

Las FARC, la principal organización guerrillera, cumple un papel clave en el comercio de la coca en el país lo que le ha permitido tener una base social campesina en las regiones donde se cultiva y procesa aprovechando la incapacidad política del Estado para poner en práctica verdaderos planes de desarrollo social en tales zonas. Incluso en algunos de esos territorios los intereses comunes en los negocios del narcotráfico han terminado por acercar a los “neoparamilitares” y a los insurgentes para hacer alianzas y sociedades informales en sus tratos con los carteles mexicanos.

No menos de 3 mil millones de dólares anuales siguen ingresando a la economía nacional por este concepto, pero tal vez uno de los nuevos peligros que presenta ahora este comercio ilegal en el país es que está aumentando considerablemente el consumo de drogas en nuestro propio territorio, no solamente de las drogas llamadas “suaves” como la marihuana, sino de drogas duras como la heroína, consumo que se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública en la nación. El microtráfico de drogas alimenta un mercado de decenas de millones de dólares en el país centrado en las principales ciudades y su control se ha convertido en botín de los grupos “neoparamilitares” o “Bacrim” como los llama el gobierno, que han impuesto su propio régimen criminal en las barriadas populares poniendo a su servicio a decenas de pequeñas bandas o pandillas juveniles.

Hay que precisar un aspecto. Aunque el narcotráfico sigue siendo una muy importante fuente de financiación para los grupos armados irregulares, la minería informal del oro se viene convirtiendo en la actualidad en una fuente alternativa de financiación para esos grupos, si se quiere más rentable, más práctica, más fácil de operar. El oro es un artículo legal, que se puede monetizar sin mayor problema y que no exige todos los pasos en la cadena de comercialización que reclama la cocaína.

El año pasado el país exportó oro por casi 2 mil millones de dólares y, por lo menos, un 30% de esas exportaciones terminaron beneficiando a las organizaciones armadas ilegales. Sobra decir que esta minería informal en la mayor parte de los casos depreda el medio ambiente, contamina con sus desechos tóxicos las aguas de los ríos y de las ciénagas, arrasa con la capa vegetal de montañas y sabanas, destruye las estructuras comunitarias de solidaridad y ayuda mutua y crea un clima social que favorece el imperio de la criminalidad y la violación de los derechos de las poblaciones de esas regiones, fenómenos a los que tampoco es ajena la minería legal.

*La altísima concentración de la propiedad no se da solo en la tierra. El capital financiero, industrial y comercial que circula en el país se encuentra controlado en su mayoría por un puñado de conglomerados o grupos financieros colombianos y del exterior, que han aprovechado las facilidades y las complicidades legales de los últimos gobiernos para expandir su poder. Por ejemplo, el conglomerado más poderoso, “Aval”, propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país y uno de los 100 más ricos del mundo, controla el 30% del capital financiero del país y no solo posee miles de hectáreas de tierras para cultivos agro industriales en los Llanos orientales, sino que es el principal constructor de vivienda en Colombia y recientemente se hizo a la propiedad del principal periódico del país, “El Tiempo” y su grupo de medios, que incluye un canal local de televisión comercial en Bogotá.

Otros poderosos conglomerados como el Santodomingo y el Ardila, tienen entre otros activos, la propiedad de los dos canales nacionales de televisión comercial, de una de las cadenas de radio más importantes y del segundo periódico del país, lo que asegura para los intereses de la élite que dirige el país un gran control del contenido de la información que llega al ciudadano común y corriente.

La presencia del capital extranjero es notoria en el país. De las 20 empresas del país con mayores ingresos en el 2011, 15 estaban en poder de inversionistas del exterior. De esas mismas 20, 10 están vinculadas a la minería y el petróleo, situación que ratifica la gran dependencia que tiene nuestra economía de ese sector.

Ahora bien, el auge, el boom de la minería que se vive no solo en Colombia sino en otros países de América Latina depende básicamente del ritmo de crecimiento de las economías asiáticas, especialmente China e India, que son ahora los principales consumidores de esos productos mineros. Mientras no se interrumpa esa tasa de crecimiento, economías como la Colombiana podrán seguir viviendo el espejismo de una bonanza financiera.

Decimos espejismo porque mientras se explotan estos recursos naturales no renovables, se han abandonado la agricultura tradicional, la de los cultivos de pan coger y el desarrollo tecnológico industrial, que son las bases del verdadero progreso social de los pueblos, contentándose con la opción de importar alimentos y mercaderías que resultan relativamente baratas gracias a la revaluación artificial de la moneda local. Anotemos que este fenómeno no es solo de Colombia, sino que se está registrando en buena parte de los países del área. A cambio de crear empleos productivos promoviendo la tecnología y la ciencia, nos hemos conformado con regresar a la situación de siglos pasados de economías de enclave con un pequeño sector próspero y moderno y una gran masa de población sumida en el subempleo y en la pobreza sin posibilidades reales de superar esa situación de exclusión mientras siga vigente el actual modelo social.

Como recurso supletorio los gobiernos del área con la bendición de los organismos internacionales financieros han recurrido al montaje de programas de ayuda a los sectores empobrecidos en su mayoría de carácter asistencialista para intentar corregir de esta manera las graves inequidades que genera el modelo puesto en práctica. Colombia no ha sido la excepción a esta tendencia. En el gobierno anterior de Uribe estos programas de ayuda que se convirtieron en un buen instrumento clientelista llegaron a cubrir 10 millones de personas. El actual presidente Santos no solo los ha sostenido sino que ahora ha planteado un programa nuevo, el de regalar 100 mil casas a las familias más golpeadas por la pobreza, pensando sin duda en renovar las lealtades políticas de ese estrato de la población para su posible reelección en el 2014.

1.2. POLÍTICA

*El presidente Santos lidera en el poder una coalición de partidos de centro-derecha la mayoría de los cuales estuvo acompañando el gobierno populista conservador de Uribe en el período 2002-2010. Sin embargo, a pesar de que Santos llegó al poder con el respaldo electoral de Uribe, hoy los dos dirigentes se encuentran enfrentados con el ex presidente cada vez más radical en sus críticas contra la presente administración a la que acusa de haber traicionado el ideario de la “Seguridad Democrática” que él le heredara a Santos.
La presunta “traición” de Santos se basa en una serie de maniobras políticas que han acercado al actual presidente a muchos personajes que el ex presidente consideró y sigue considerando como enemigos de sus políticas.
En primer lugar, Santos nombró como ministro del interior al líder del partido “Cambio Radical” y ex candidato, Germán Vargas Lleras quien se ganó los odios del ex presidente y de sus áulicos al haberse opuesto desde un principio al intento de Uribe de hacerse elegir para un tercer período consecutivo. A esto se le agrega que Santos acordó la entrada a la coalición de gobierno del partido Liberal, partido que estuvo haciéndole una férrea oposición a Uribe durante sus ocho años de gobierno bajo la orientación del ex presidente César Gaviria.

Pero quizás lo que agotó la paciencia de Uribe y sus seguidores fue el viraje radical que el presidente Santos hizo en las relaciones con Ecuador y Venezuela, países vecinos con cuyos gobernantes, Rafael Correa y Hugo Chávez, el gobierno anterior tuvo repetidos enfrentamientos que incluso en el caso de Venezuela llegaron a suponer la posibilidad de un conflicto bélico entre las dos naciones.

Santos , un hombre pragmático, ducho en operativos y maniobras políticas, que ha participado de varios gobiernos sin molestarse en guardar muchas lealtades a sus ocasionales jefes, no vaciló en hacer el viraje en las relaciones internacionales comprendiendo que la situación de progresivo aislamiento diplomático a que estaba siendo condenado el país por el lenguaje belicoso y la demagogia anticomunista empleados por Uribe, no se correspondía con los nuevos desarrollos de la política en el continente.
En el plano interno Santos ha hecho uso de un lenguaje relativamente cortés y sin agresividades al referirse a la oposición y a los opositores de su gobierno desmontando la polarización que su antecesor había creado al señalar reiteradamente a sus críticos como cómplices de la subversión y enemigos de la democracia. De esa manera los satanizaba ante una opinión pública que en esa época lo acompañaba seducida por el presunto triunfo militar que había logrado en su enfrentamiento con los grupos guerrilleros.

Detrás de las tensiones y enfrentamientos entre Uribe y Santos se enmascaran los intereses de diferentes sectores de la clase dominante. Mientras Uribe, un político que venía del departamento de Antioquia, representó en el poder los intereses de su sector, el de los grandes hacendados y defendió el statu quo del orden social negándose a apoyar cualquier intento de reforma social y apoyando por el contrario la contrarreforma agraria que a sangre y fuego realizaron terratenientes y paramilitares, Santos representa los intereses de la burguesía financiera y de la élite que tradicionalmente ha gobernado el país desde Bogotá. Este sector de origen urbano es más consciente de la necesidad de modernizar las estructuras del aparato estatal y de hacer algunas concesiones sociales para ayudar a desactivar un conflicto político militar que ya dura más de 6 décadas y que de seguirse la estrategia simplista de la guerra total contra la subversión preconizada por Uribe le supondría a las finanzas del Estado una carga económica muy difícil de sostener en los próximos años.

Esto explica, por ejemplo, que el actual presidente haya impulsado leyes en el Congreso como las de Víctimas y Restitución de tierras a la población desplazada, a pesar de la acalorada oposición de los sectores Uribistas, entendiendo que es necesario bajarle intensidad al conflicto que se vive en las áreas rurales.

El partido al que pertenecen nominalmente tanto Santos como Uribe es el partido de la U, que se formó en el anterior gobierno con parlamentarios en su mayoría disidentes del Liberalismo que haciendo a un lado cualquier disciplina ideológica querían tener ante todo amplia participación en el manejo de la burocracia oficial y de todos los contratos y dineros que de allí se derivan , elementos esenciales para consolidar sus clientelas políticas. En meses recientes se han multiplicado las tensiones y los debates entre los partidarios de uno u otro líder con clara ventaja para el actual presidente quien es , al fin y al cabo, quien ocupa el poder y puede abrir o cerrar la llave de los favores políticos a los congresistas.

Comprendiendo esta situación el sector más intransigente del Uribismo le ha pedido al ex presidente que de una vez por todas abra toldo aparte, cree un nuevo grupo o partido que no solo se oponga a la posible reelección de Santos en el 2014 sino que proponga la candidatura de un legítimo partidario de las tesis de la “Seguridad Democrática” que facilite con su hipotético triunfo el regreso del Uribismo al poder.

*Las tibias reformas que plantea el actual gobierno pierden fuerza ante la realidad de un modelo económico neoliberal que favorece los intereses de los grandes empresarios e impide que se formulen políticas que redistribuyan el ingreso y ayuden a cerrar la profunda brecha de la desigualdad y la inequidad que existe en el país.

Pese a la hábil campaña de propaganda del gobierno para maquillar la figura del presidente Santos como la de un presidente amigo y defensor de los pobres, la realidad de un aparato Estatal presa de la corrupción y de la ineficacia ha empezado a desgastar la imagen del gobernante. Hechos como el fracaso en las obras de rehabilitación de las regiones golpeadas por las fuertes temporadas de lluvias que se han tenido que soportar en estos dos últimos años o el virtual colapso del sistema de salud que ha entrado en bancarrota víctima de la acción depredadora de los intermediarios o empresarios privados de la salud y de la complicidad por acción o por omisión de los respectivos funcionarios oficiales , han servido para que los sectores de oposición al gobierno arrecien en sus críticas a la gestión de la actual administración.

A la par con esta situación se está presentando en algunos departamentos un deterioro del orden público ante el renovado accionar de los diferentes grupos armados ilegales especialmente el de la organización guerrillera más poderosa, las FARC. Bogotá misma ha sido sacudida por algunos atentados terroristas dirigidos contra algunas personalidades políticas.

Las FARC , que en el anterior gobierno y en los primeros meses del actual recibieron golpes muy fuertes por parte de las tropas del Estado, entre ellos la muerte de algunos de sus principales cabecillas, han optado por volver a las viejas tácticas de los manuales de la guerra de guerrillas ante la evidente ventaja estratégica que tiene el aparato estatal cuando se trata de enfrentar fuertes concentraciones de combatientes.

Este cambio de tácticas ha ido unido con el hallazgo de nuevas fuentes de financiación como la minería informal del oro y la incapacidad que han mostrado las fuerzas oficiales para enfrentar las nuevas realidades militares que plantean los insurgentes.
Según muchos analistas esta falta de reacción de las tropas estatales se debe a que los altos mandos deslumbrados por el espejismo triunfalista que se hizo notorio en los últimos días del anterior gobierno y que hablaba de que estaba muy cerca de la derrota total de la subversión en el país no previeron que los grupos insurgentes podían encontrar u optar por una nueva estrategia que les garantizara las posibilidades de sobrevivir con relativo éxito a la ofensiva estatal pese a las grandes pérdidas que habían sufrido.

La guerra de atrición, de desgaste, que plantean los guerrilleros puede extenderse por mucho tiempo más a menos que desde el gobierno se proponga un proceso de negociación que resulte realmente atractivo para los jefes insurgentes.

Necesariamente ese proceso deberá incluir garantías expresas para los comandantes rebeldes de que al desmovilizarse las sentencias judiciales que tienen serán suspendidas y no se les iniciaran nuevos procesos por los crímenes cometidos durante el conflicto que los lleven a purgar largas condenas en las cárceles del Estado. Al mismo tiempo el proceso de negociación deberá ofrecerles condiciones para que puedan participar en la vida política legal, en el juego electoral, en igualdad de derechos con los demás grupos o movimientos partidistas.

Esta fórmula seguramente tendrá que complementarse con el compromiso del gobierno de adelantar algunas reformas sociales que justifiquen políticamente la larga lucha de los rebeldes y su desmovilización.

Tal vez en esa dirección va orientada la ley que bajo el nombre de “Marco para la paz” está tramitando en el Congreso el gobierno del presidente Santos y que prevee, en caso de una posible negociación y siguiendo los lineamientos de la llamada “Justicia transicional”, favorecer la consecución de la paz en el país que el gobierno pueda suspender las condenas judiciales que pesan sobre los cabecillas de las organizaciones alzadas en armas, mientras al mismo tiempo le ofrece una amnistía a los soldados de a pie, a los militantes rasos de esos grupos.

A esta iniciativa se han opuesto con vehemencia dos sectores políticos que representan intereses totalmente antagónico. De un lado, el ex presidente Uribe y sus amigos la han atacado alegando que con ella se trata de encubrir la acción criminal de la guerrilla. Al mismo tiempo algunas ONG”s internacionales de derechos humanos han censurado la iniciativa que según ellos tendería un manto de impunidad sobre decenas de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, crímenes que no pueden olvidarse, ni perdonarse , sino que exigen Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas de los mismos.

Lo cierto es que el clima político actual no es muy propicio para iniciar un proceso de negociación con los grupos guerrilleros. Si bien el país necesita con urgencia el inicio de ese proceso, al mismo tiempo hay muchos intereses que se oponen a esa iniciativa tanto dentro del estamento gubernamental y la elite empresarial del país como dentro de las propias organizaciones insurgentes.

La guerra de atrición que estamos sufriendo es, en sí misma, un buen proyecto financiero para los bandos enfrentados.
Al amparo de la misma se hacen negocios muy rentables con el narcotráfico, la minería del oro, las extorsiones; se fortalecen no solo los grupos guerrilleros sino también los grupos de “neoparamilitares “ o “bacrim; muchas autoridades civiles y militares se enriquecen; no pocos contratistas y empresarios se favorecen con los dineros públicos malversados y la impunidad judicial se extiende y se profundiza.

Entre tanto, la población civil es la principal víctima de esta guerra de desgaste en los departamentos donde tiene más intensidad. Los atentados terroristas, los campos minados, los enfrentamientos armados cerca de áreas urbanas, el reclutamiento de menores de edad, las extorsiones, los “impuestos” a los cultivos de coca, a la producción de oro, son algunos de los muchos riesgos y exigencias que recaen sobre los campesinos, los indígenas, la gente común y corriente que habita las zonas del conflicto.

*El gobierno del ex presidente Uribe afirmó reiteradamente que con la desmovilización de las bandas paramilitares lograda en el 2005 mediante unos supuestos “acuerdos de paz” con los jefes de las mismas y la posterior extradición de la mayoría de estos cabecillas a los Estados Unidos se había terminado este fenómeno criminal en el país.
Pero la realidad ha ido por otro camino.

Estas bandas con otros nombres y otros jefes reaparecieron en una parte importante de nuestro territorio haciéndose al control de todo tipo de negocios ilegales y legales en esas zonas dejando a un lado el disfraz “antisubversivo” con el que habían tratado de disimular todo su accionar delincuencial las bandas desmovilizadas en años anteriores. Se han hecho fuertes en departamentos como Córdoba, Antioquia, Magdalena, Sucre, Valle, Cauca, Nariño donde en combinación con algunas autoridades civiles y militares y en alianza con empresarios y terratenientes han impuesto su régimen de terror sobre las poblaciones locales. De hecho se han convertido en los principales enemigos de la ley de restitución de tierras a la población desplazada, pero el pragmatismo criminal que las distingue las ha llevado en algunas de esas mismas regiones a hacer acuerdos de negocios en materia de narcotráfico o explotaciones mineras con “frentes” o grupos guerrilleros.

Entre estos mismos grupos “neoparas” se han registrado enfrentamientos sanguinarios por el control de las rutas para la exportación de cocaína, del microtráfico de drogas y los demás negocios que hacen parte de su quehacer delincuencial. Las deserciones, las traiciones, los cambios de líderes se han hecho muy frecuentes en la medida que se debilitan o fortalecen coyunturalmente los diferentes grupos.

Su influencia es visible también en las barriadas populares de grandes ciudades como Medellín, Cali, Montería, Santa Marta y el poder de intimidación que tienen sobre la población civil lo remarcan hechos como un paro organizado hace algunos meses por la llamada banda de los “Urabeños” en protesta por la muerte de uno de sus jefes a manos de la policía que paralizó el transporte y las demás actividades comerciales en unos cinco departamentos del país.

Este fenómeno criminal tiende a perpetuarse en estas regiones a pesar de los cambios en el liderazgo de las bandas y la inestabilidad en la demarcación de los territorios que se atribuyen como propios unas y otras.
El caldo de cultivo social que propicia el fenómeno está basado en el mismo modelo excluyente y concentrador de la riqueza que tenemos vigente: Empleo precario y mal pagado; falta de oportunidades de los jóvenes para capacitarse y trabajar con dignidad; servicios sociales básicos privatizados y que no atienden las necesidades de la población; altos porcentajes de población en la pobreza y en la miseria; corrupción política; impunidad judicial; violaciones sistemáticas a los derechos humanos…..

*La izquierda civilista que durante varios años estuvo reunida en el partido “Polo Democrático” se ha dividido en varias propuestas o movimientos. El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se retiró formalmente del Polo antes de iniciar su campaña a la Alcaldía acusando a las directivas del partido de haber sido cómplices de los manejos corruptos y clientelistas del anterior alcalde Samuel Moreno al no haber denunciado estas maniobras oportunamente y al no haberse atrevido a expulsar a dicho funcionario de las filas del Polo, bajo cuyas banderas había ganado la alcaldía de Bogotá.

Petro creó un nuevo movimiento “Progresistas” que se ubica en el centro-izquierda del espectro político colombiano y que pretende ser un movimiento nacional de amplio reconocimiento popular. Su futuro está muy ligado al éxito de la gestión de Petro en la alcaldía, gestión que por ahora no parece estar muy bien calificada en las encuestas de opinión.

Tiempo atrás también se había separado del Polo uno de sus fundadores, el también ex alcalde Lucho Garzón, quien terminó uniéndose al llamado Partido Verde e integrándose a la coalición de gobierno Santista.

En días recientes con una gigantesca marcha en Bogotá se dio a conocer de la opinión pública nacional la propuesta de un nuevo movimiento que pretende ser una respuesta consecuente de sectores sociales comprometidos en luchas sindicales, campesinas, por los derechos humanos y la paz en el país en la presente coyuntura histórica.

El movimiento llamado “Marcha Patriótica” agrupa más de 1700 organizaciones sociales, así como a sectores desprendidos del Polo como el que representa el antiguo Partido Comunista o que son disidentes del Partido Liberal como el que encabeza la ex senadora Piedad Córdoba, la vocera más destacada de la nueva iniciativa. Se plantean como un movimiento de izquierda que no quiere caer en falsas conciliaciones o compromisos con el Establecimiento o con líderes salidos de la élite tradicional como , según ellos , ha sido el caso de otras propuestas que se han presentado ante la opinión pública como de “centro-izquierda”.

La enorme movilización con gentes llegadas de todo el país sorprendió a muchos observadores y rápidamente empezaron a circular versiones en los medios tradicionales, en el Internet, que acusaban al movimiento de estar manipulado y financiado por grupos guerrilleros como el de las Farc. El mismo nombre de “Marcha Patriótica” muy similar al del partido”Unión Patriótica” que ayudó a fundar en la tregua de 1983 ese grupo insurgente alimentó aún más las consejas y difamaciones contra la nueva iniciativa.

Piedad Córdoba desmintió enérgicamente estas especulaciones. Lo cierto es que “Marcha Patriótica” puede cumplir un rol clave en un posible proceso de negociación que pueda concretarse entre el gobierno y las Farc, siempre y cuando delimite, deslinde con claridad, sus acciones políticas de las de ese grupo insurgente y no cometa el error que han cometido otros proyectos de izquierda en años anteriores de combinar o tolerar dentro de sus miembros “todas las formas de lucha, las legales y las ilegales”.
Bajo esa acusación fue desmantelada la “Unión Patriótica” y asesinados la mayoría de sus dirigentes en la década de los 80 del siglo pasado en operativos criminales ejecutados por las agencias de seguridad del Estado en alianza con los grupos paramilitares fundados por los capos de los carteles del narcotráfico.

Lo que resta del Polo está liderado por el senador Jorge Robledo y su actual presidenta Clara López, ex alcaldesa de Bogotá. Ambos son personajes con una trayectoria política bastante extensa y , caso raro en el país, limpia de acusaciones de corrupción y de manejos dudosos con los dineros y los bienes públicos. Sin embargo, cargan el estigma mediático de no haber tenido el olfato político para haber separado al partido oportunamente de los escándalos que hundieron la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá y , de hecho, el castigo electoral para el partido fue contundente en las pasadas elecciones de gobernadores y de alcaldes especialmente en la capital del país.

+El presidente Santos está haciendo todos los movimientos políticos aconsejables para consolidar una coalición de centro-derecha que apoye su reelección en el 2014. El hombre clave para este operativo dentro del gobierno es el ministro Germán Vargas Lleras, quien pasó de la cartera del Interior a la de Vivienda a liderar el programa asistencialista bandera de la presente administración, la construcción y entrega gratuita de 100 mil casas a las familias de los estratos más pobres del país.

Vargas Lleras, un político inteligente y muy ambicioso, líder del partido “Cambio Radical”,ha sellado este acuerdo con Santos pensando seguramente en consolidar su imagen para la elección presidencial del 2018.

Otro partido de la actual coalición que está firmemente alinderado con la propuesta de reelección de Santos, es el partido Liberal , partido en el que hizo carrera política el presidente hasta su entrada al gobierno del ex presidente Uribe como ministro de Defensa.

Las dudas están planteadas por el lado del partido de la U al que nominalmente pertenece Santos y por el del partido Conservador. Es muy posible que en los próximos meses se plantee una división en la U y una minoría disidente se alinee con el ex presidente Uribe en el esfuerzo de torpedear la reelección del actual gobernante proponiendo un candidato propio salido de las canteras del más puro Uribismo, es decir del populismo de derecha que simboliza el ex presidente.

Y también es muy posible que a esta candidatura se sumen algunos líderes del partido Conservador que vienen manifestando su descontento con las políticas de Santos y, sobre todo, con las cuotas burocrático-clientelistas que les ha entregado en la presente administración.

La división del bloque en el poder puede ampliar las posibilidades de los candidatos de centro izquierda y de izquierda siempre y cuando logren atraer como lo hizo en el 2006 el candidato del Polo, Carlos Gaviria, a la gran masa de votantes independientes que en ciudades como Bogotá han sido determinantes en la elección de los últimos alcaldes.

+La corrupción administrativa sigue siendo uno de los problemas más graves del aparato estatal en todos sus niveles. No menos de 5 mil millones de dólares se pierden anualmente en contratos de obras públicas que no se ejecutan; en contratos de servicios que no se prestan; en el desvío de os dineros de la salud y de la educación; en falsas demandas contra los entes del Estado y, en general, en todo tipo de trucos y artimañas para enriquecerse ilícitamente con los bienes públicos.

Al amparo de esta telaraña de intereses espurios ha medrado un estrato de “nuevos ricos”, el de los contratistas y empresarios que en alianza con muchos congresistas y funcionarios del gobierno han entrado a saquear las finanzas estatales para enriquecimiento personal aprovechando , de un lado, la ineficacia del sistema judicial y, del otro, el pragmatismo del “todo vale” al que le dio legitimidad social la administración de Alvaro Uribe.

En el índice de corrupción 2011 elaborado por la ONG “Transparencia internacional”, Colombia califica en el puesto 80 y hace parte de la categoría de países donde el poder público es corrupto.

Al mismo tiempo, estamos entre los 14 países más violentos del planeta según un informe de la Secretaría de Ginebra sobre Violencia Armada”. Esos 14 países son: El Salvador, Irak, Jamaica, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala, Sudáfrica, Sri Lanka, Lesoto, República Centroafricana, Sudán, Belice y Congo.

Entre los 14 hay seis ubicados en el continente Americano, pero el problema es más grave en la región centroamericana que tiene una tasa de muertes violentas de 29 por cada 100 mil habitantes superior a la del resto del mundo.

Exceptuando Colombia, ningún país de los 6 americanos que se encuentran en lista sufre o vive un conflicto político-militar.

Toda este complejo de situaciones, incluyendo la gran desigualdad social y económica existente, son factores que influyen en el triste record de violación de los derechos humanos que presenta nuestro país. El gobierno Santos ha intentado minimizar esta realidad con estadísticas muy discutibles que muestran “avances” en el respeto y vigencia de los derechos humanos en estos últimos años en el territorio nacional.

La situación de acuerdo a estudios e informes independientes del gobierno es muy diferente de la que plantean los voceros oficiales. Veamos algunos datos al respecto:

-En el 2011 se presentaron 239 agresiones contra defensores de los derechos humanos, entre las cuales se registraron 49 asesinatos y 6 desapariciones

-Cada 36 horas es agredido un defensor de derechos humanos en el país

-El año pasado fueron asesinados 25 sindicalistas , los que se suman a los más de 2.700 asesinados desde 1986

-109 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en el 2011

-280.041 nuevos desplazados en el 2011 se sumaron a los más de 5 millones que han sido víctimas de este fenómeno criminal desde hace 25 años

*Frente a estas terribles realidades hay todavía espacio para la ESPERANZA en nuestro país. Decenas de organizaciones sociales han surgido aún en las regiones más afectadas por el conflicto defendiendo y reivindicando no solo la vigencia de los derechos humanos sino la protección del medio ambiente frente a la acción depredadora de las empresas mineras y agroindustriales; la cultura y las tierras de las comunidades indígenas y afroamericanas; denunciando la violencia de género y promoviendo los derechos de las mujeres y la equidad de género; afirmando los derechos de la infancia ; luchando por el respeto a la diversidad sexual, religiosa, política; comprometiéndose en la democratización de los medios de comunicación y un largo etcétera de causas y razones que parecen demostrarnos la inmensa resiliencia, la gran capacidad para enfrentar y transformar creativamente las realidades difíciles, oscuras, que nuestro pueblo tiene.

Las mujeres han sido un sector clave en este proceso de resistencia. Gracias a ellas han surgido plataformas, redes, propuestas para resolver la gran crisis social y humanitaria que vive el país.

En algunas regiones estas redes han tomado fuerza, han ganado reconocimiento dentro de la población y capacidad de interlocución ante los poderes públicos.

Todo este movimiento alternativo ha permitido que poco a poco se vayan ganando espacios , construyendo espacios sociales donde sus integrantes interactúan y comparten sus vidas iluminados por una nueva ética de lo social, una ética donde valores como la solidaridad práctica y eficaz y el respeto a la diversidad se han convertido o se están convirtiendo en hechos de la vida diaria. Esta construcción de Democracia desde la base, es un proceso que exige el ejercicio de una gran paciencia histórica; el entender que solo el acumulado constante de pequeños cambios con el aporte de varias generaciones logrará finalmente la transformación a la que aspiramos de la sociedad colombiana en su conjunto. Esta paciencia histórica, sin duda, es hermana de cuna de la resiliencia y de la capacidad de resistencia que nuestro pueblo empobrecido ha demostrado en las diferentes etapas de nuestra compleja evolución como nación.

2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA COYUNTURA

+El nuevo ente que manejará el sistema televisivo en el país, la “Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), empezó a funcionar con el nombramiento de la mayoría de los miembros de la junta directiva del organismo.
Tal como quedó estipulado en la nueva ley esa nueva junta pasará a ser controlada por el gobierno nacional perdiendo el supuesto carácter autónomo que nominalmente exhibía la desaparecida Comisión Nacional de Televisión. En efecto, la junta va a estar integrada por cinco miembros, a saber: El Ministro de Comunicaciones quien la preside, el delegado personal del presidente Santos, el representante de los gobernadores de los departamentos, el representante de las universidades y el representante de la sociedad civil. Este término “sociedad civil” es bastante ambiguo y la ley no lo precisó con claridad. Cualquiera puede postularse a nombre de la “sociedad civil” y de hecho lo hicieron más de 100 candidatos muchos de ellos ex funcionarios de la antigua Comisión Nacional de televisión.

En cuanto al representante de los gobernadores no resulta extraño suponer que la persona designada tendrá como prioridad no los intereses de la sociedad, sino la de los políticos que lo eligieron la mayoría de los cuales son caracterizados jefes clientelistas en sus regiones.

En esas condiciones serán los intereses del gobierno nacional los que primen en la orientación del medio; los que se impongan a la hora de fijar criterios de programación o conceder licencias de emisión a nuevos concesionarios de los canales. La “sociedad civil” será una verdadera convidada de piedra en el manejo del sistema televisivo.

A esto se le suma que la nueva ley le recortó a la Autoridad Nacional de Televisión muchas de las funciones que antes tenía la Comisión Nacional. En efecto, se creó la “Agencia Nacional del Espectro” para manejar los asuntos relativos a la ocupación de frecuencias de los canales, mientras que la regulación del sector, es decir la capacidad de vigilar e imponer sanciones a los concesionarios quedó en manos de la “Comisión Nacional de Comunicaciones”. A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio controlará las cuestiones referentes a la integración de la industria, es decir si se está incurriendo en prácticas monopólicas entre los concesionarios o en competencia comercial desleal entre los mismos.

Para completar esta dispersión organizativa la ley también ordenó la creación de un Fondo autónomo para fortalecer la televisión pública.

Conociendo el manejo burocrático tradicional del Estado colombiano es de suponer que será aún más complejo e ineficaz el manejo del sistema televisivo en el país ante la cantidad de entes, de organismos gubernamentales que participarán en su gestión.

Los Constituyentes de 1991 con la creación de la Comisión Nacional quisieron sustraer del manejo omnímodo del gobierno un medio de comunicación tan importante social, política y culturalmente como el de la televisión. La Comisión con el paso de los años fue perdiendo la autonomía que nominalmente se le había dado y cayó en manos de una élite clientelista y corrupta que manipuló las elecciones de los delegados período tras período y terminó asociándose con los altos funcionarios del gobierno no solo para aplicar las políticas oficiales en el medio, sino para enriquecerse con el manejo de contratos, comisiones, estudios, nombramiento de asesores y otras gabelas que pudieron sacar de un presupuesto anual de miles de millones de pesos.

El desprestigio de la Comisión , agravado por las denuncias de corrupción contra varios de sus directivos, sirvió para crear en el Congreso un clima favorable a su desaparición. El gobierno Santos habilidosamente presentó la nueva ley como necesaria para crear una administración eficiente del sistema, a sabiendas que iba en contravía del pensamiento de los constituyentes del 91 y que le devolvía el manejo omnímodo de la televisión al presidente y sus asesores situación que fue precisamente la que quisieron corregir en esa época los miembros de las Asamblea Constitucional.

*En este período se dieron movimientos notables en el cambio de propiedad de los grandes medios de comunicación. El grupo Español “Planeta”,quien era el dueño del periódico más importante del país “El Tiempo” y del grupo de medios creado a su alrededor, acosado por la situación financiera en su país decidió vender sus propiedades al grupo “Aval” del magnate Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país. Sarmiento nunca había incursionado en el campo de la comunicación; sus negocios habían estado centrados en la banca, la construcción, la agro industria. Al hacerse al control del 88% de las acciones de “Casa Editorial El Tiempo” por cerca de 400 millones de dólares ha oficializado la intención de su conglomerado de crear un poderoso grupo mediático que entre a hacerle fuerte competencia a los que tradicionalmente han dominado los medios audiovisuales en el país, “Caracol” y “RCN”.

“Casa Editorial El Tiempo” posee fuera de su periódico bandera, el diario económico “Portafolio”, el diario popular “Mío”, dos periódicos regionales, un periódico gratuito “ADN”, el canal de televisión comercial local en Bogotá, “City tv” y un canal de noticias en cable. Pero realmente a lo que aspira Sarmiento es a que el gobierno le conceda la licencia para operar el tercer canal nacional comercial, que sería la verdadera estrella de su inversión comercial en el conglomerado de medios.

Hasta ahora “Caracol” de la familia Santo domingo y “RCN”, de la familia Ardila, han defendido con éxito el duopolio que ejercen desde hace más de diez años en la explotación de la televisión comercial nacional. Con todo tipo de triquiñuelas legales que incluían la continua presentación de tutelas y demandas ante los tribunales por parte de testaferros para retardar o paralizar el proceso de adjudicación complementados con una sistemática divulgación de informaciones tendenciosas transmitida en los noticieros de sus canales sobre la solvencia financiera, moral o las relaciones políticas de los posibles interesados en el negocio sabotearon la licitación del tercer canal que la antigua Comisión Nacional intentó hacer durante el gobierno Uribe.

Al hacerlo perjudicaron los intereses del grupo Español “Planeta” que aspiraba a rentabilizar su inversión en “El Tiempo” haciéndose al control del tercer canal nacional.

El afán del duopolio de defender su exclusividad es demasiado lógico.. Los dos canales recibieron más del 60% de la inversión publicitaria en medios el año pasado en Colombia, lo que representó más de 1 billón de pesos= 580 millones de dólares en entradas brutas y utilidades netas por más de 100 millones de dólares para cada uno.

Con Sarmiento Angulo, quien controla el 30% del capital financiero del país y es uno de los hombres más influyentes en el actual gobierno, el duopolio seguramente tendrá que ceder y aceptar a regañadientes la llegada de un nuevo socio en la repartición del botín televisivo.

Un nuevo canal en manos de Sarmiento no significará mayores cambios en la oferta que los actuales canales hacen al televidente colombiano y que está basada en una muy mediocre programación de telenovelas, realities con fórmulas estereotipadas combinada en la parte informativa con unos noticieros que hacen énfasis sensacionalista en los casos judiciales o de orden público llámense atentados terroristas, asaltos, accidentes en calles y carreteras, asesinatos sin tomarse el menor trabajo en contextualizar la noticia.

Esta dosis la mezclan con gran cantidad de minutos dedicados a los deportes, especialmente futbol y a los pequeños escándalos de las celebridades de la farándula local e internacional. Pasan por alto, en la mayoría de los casos, las informaciones que comprometen a altos funcionarios del Estado en la malversación de dineros públicos,

en tratos complacientes con grupos armados irregulares o con las empresas privadas para favorecerlas con contratos y otras gabelas. Silencian las que comprometen a las agencias de seguridad del Estado en casos de violación de los derechos humanos a la población civil; de asesinatos y desapariciones de líderes de organizaciones sociales; de complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos por bandas armadas ilegales.