SICSAL: artículos y noticias

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, representada por su Superior Provincial, expresa su preocupación por los hechos de violencia registrados en la comunidad Viejo Velasco en noviembre pasado y en las demás regiones indígenas y campesinas del estado de Chiapas.

Nos preocupa en particular la situación del indígena catequista Ch’ol Diego Arcos Meneses de 42 años de edad, quien fue detenido el 13 de noviembre de 2006 por presuntos elementos de la policía del estado de Chiapas. La detención de Diego Arcos se hizo sin que mediara ninguna orden de aprehensión y, según la versión del detenido, fue sometido a malos tratos y actos de tortura.

En 1980 las autoridades mexicanas detenían un promedio de 27 extranjeros ilegales por día. Hoy son retenidos entre 600 y 700 inmigrantes indocumentados procedentes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el inmigrante ilegal se ha convertido en una víctima de las autoridades locales y federales.

Mauricio Farah Gebara, quinto visitador de la CNDH, indicó que se han "documentado casos de extorsión, amenazas, maltrato, robo, agresiones, violaciones sexuales y otros abusos a partir de más de 800 expedientes de queja de migrantes, que ha abierto en 2005 y lo que va de 2006".

Ante la crisis política y social que vive el estado de Oaxaca, así como las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los meses recientes, convocamos a las organizaciones, comunidades religiosas e iglesias cristianas –nacionales e internacionales- a participar en el envío de delegaciones de Observación de Derechos Humanos a Oaxaca.

La llegada de la PFP, el día 29 de octubre, se realizó con la promesa del gobierno federal de que sería una fuerza pacificadora, que no tomaría partido y vendría a restablecer el orden y el libre tránsito; sin embargo, los hechos han demostrado exactamente lo contrario. La presencia de la PFP ha agudizado la violencia y ha generado un aumento de la violación sistemática de los derechos humanos.

Diego Cevallos, IPS

Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.

Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares.

Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese fin.