TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS LLEGA A SU AUDIENCIA FINAL

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EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN COLOMBIA, 2006 – 2008 SESIÓN FINAL

• Más de 2500 delegados de todo el país
• 17 audiencias nacionales e internacionales
• 6 audiencias especializadas
• 30 empresas transnacionales juzgadas
• Julio 22: Día mundial contra las políticas de las Transnacionales
• Julio 23: Boicot global contra materias primas que utilizan las
empresas que están siendo juzgadas
• Movilizaciones mundiales frente a las casas matrices de estas empresas
• Más de 70 expertos internacionales invitados.

Comunicado de prensa, Bogotá, Julio de 2008. Con la presencia de más de 2500
delegados de todo el país, se dio inicio el día de hoy a la Audiencia Final
del Tribunal Permanente de los pueblos, que sesionará hasta el próximo 23 de
julio, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional.

El Tribunal empezó su proceso de juzgamiento de 30 empresas transnacionales
en el año 2005, por iniciativa de un conjunto de organizaciones, comunidades,
redes y movimientos sociales, ante la permisividad y responsabilidad del
Estado Colombiano al garantizar a empresas transnacionales el saqueo de los
recursos naturales, el control territorial, la explotación de los
trabajadores, entre otras políticas y prácticas contrarias a la soberanía y
al bienestar popular

Durante estos tres años se realizaron 17 audiencias preliminares nacionales e
internacionales y 6 audiencias especializadas, en las cuales se juzgaron
estas empresas por su responsabilidad directa de miles de violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Audiencias realizadas y causas de juzgamiento

Audiencia Sector Agroalimentario: Bogotá, abril 1 y 2 de 2006

Nestlé (Suiza)
Por el aniquilamiento de Sinaltrainal en la empresa Cicolac.
Por el asesinato de 10 sindicalistas, detenciones, judicializaciones,
destierros y amenazas a través de la estrategia paramilitar.
Por la contaminación de fuentes hídricas.
Por el reempaque y reetiquetamiento de leche vencida.
Por la violación de la soberanía alimentaria.

Coca Cola (Estados Unidos)
Por la precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores (93% de
tercerización)
Por el asesinato de 7 miembros de (Sinaltrainal) y uno de Sinaltrainbec.
Por la criminalización y judicialización de la actividad sindical
(encarcelamiento, asilo, destierro, amenazas).
Por la contaminación y la degradación ambiental.
Por la violación de la soberanía alimentaria.

Chiquita Brands (Estados Unidos)
Por el suministro de armas a las estructuras paramilitares (tres mil fusiles
AK47 y cinco millones (5.000.000) de cartuchos calibre 5,62 mm
Por la financiación de las estructuras paramilitares (la empresa confesó
haber entregado 1.7 millones de dólares entre 1997 al 2004.

Audiencia Sector Minero: Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006

Drummond (Estados Unidos)
Por el asesinato de los líderes sindicales Valmore Lacarno
Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora.
Por la financiación y utilización de los servicios de militares colombianos
para la protección de su infraestructura mineras.
Por el suministro de combustible e información a las estructuras
paramilitares.

Cemex y Holcim (México – Suiza)
Por la persecución y el exterminio de SINTRAMINERCOL (amenazas, atentados,
intimidación y persecución jurídica).
Por la precarización laboral.

ANGLO GOLD ASHANTI –AGA- SOCIEDAD KEDAHDA S.A. (Sudáfrica)
Por el beneficio obtenido con los crímenes cometidos a través de la
estrategia paramilitar en el Sur de Bolívar (entre 1988 y 2006 perpetraron
330 asesinatos, 88 torturas, 80 desapariciones forzadas, entre otros).
Por el asesinato de ALEJANDRO URIBE, directivo de la Asociación de Mineros de
Bolívar, filial FEDEAGROMISBOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda Mina Gallo, del municipio de Morales (sep. de 2006).
Por el beneficio obtenido con los crímenes ejecutados por las estructuras
paramilitares desde el año 2001, contra campesinos e indígenas en el
municipio de Quinchía –Risaralda-.
Por la utilización del sistema de justicia para perseguir a las comunidades
habitantes de los territorios objeto de solicitud de concesión minera, para
favorecer su adjudicación violando el derecho a la consulta previa. Solamente
en Antioquia y Bolívar, las solicitudes cubren un área de 2’300.000
hectáreas, que representan sólo una tercera parte, si se tiene en cuenta que
la transnacional ha presentado más de 2000 solicitudes en 21 departamentos.

Muriel Mining Corporation (Estados Unidos)
Por la violación de la autodeterminación, la cultura y la cosmovisión de las
comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas.
Por los beneficios derivados de la ejecución sistemática de los crímenes que
en los últimos diez años las estructuras militares y paramilitares han
cometido en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá, para explotar y
comercializar las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno.

GLENCORE-XTRATA (SUIZA), ANGLO AMERICAN (SUDÁFRICA), BHP BILLITON (INGLATERRA)
Por los impactos que la explotación de carbón en la mina a cielo abierto del
Cerrejón (incluyendo la vía férrea de 200 km de longitud) ha ocasionado a la
población indígena y afrodescendiente que habita la región de la Guajira.
Por la vulneración de los derechos al territorio, al medio ambiente sano, a
la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la
cultura y a la libre circulación, respecto a las referidas comunidades.
Por el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas y la masacre
perpetrados contra la comunidad Wayúu de Bahía Portete.
Por beneficiarse de la represión como mecanismo para garantizar sus procesos
de explotación minera
Por la utilización de la fuerza pública como parte de su departamento de
seguridad.
Por la adecuación de la legislación nacional a los intereses de la
transnacional.

Audiencia sobre Biodiversidad: Zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios de
la cuenca del río Cacarica en el bajo Atrato chocoano, 25 y 26 de febrero de
2007

Smurfit Kapa – Cartón de Colombia (Irlandesa – Holandesa)
Por la destrucción de selvas húmedas tropicales, bosques andinos y otros
ecosistemas.
Por la destrucción del tejido social, medios de producción tradicional y
cultural de las comunidades
Por la contaminación y extinción de fuente hídricas.
Por influir en la formulación de políticas gubernamentales y presionar a
funcionarios del Estado en pro de sus intereses económicos
Por ocultar información relacionada con la empresa y manipular los medios de
comunicación en su favor, usar falsos postulados, información y publicidad
mentirosa para justificar sus actividades y enmascarar los impactos generados.
Por la criminalización y el señalamiento de quienes denuncian su accionar
incorrecto.

Delmonte - Multifruits S.A. (Estados Unidos)
Por la práctica ilegal de los agronegocios de plátano, caucho y palma (22 mil
hectáreas), en los caseríos de La Balsa, San José, Varsova y Bendito
Bocachica.
Por beneficiarse del accionar de las estructuras paramilitares en la Balsa
desde el 26 de febrero de 1.997, que produjo el desplazamiento de más de 2500
pobladores y la desaparición de 85 más, el saqueo, y destrucción de bienes
de supervivencia y el homicidio de MARINO LÓPEZ.
Por el daño ambiental irreparable sobre el ecosistema, así como la remoción
de tierras para la agroindustria.

Pizano S.A - Maderas del Darién
Por el uso destructivo de los recursos maderables del Cacarica
Por beneficiarse de la explotación extensiva de madera, afectando
principalmente las formaciones boscosas de los municipios de Riosucio y
Carmen del Darién (Chocó).
Por la explotación indiscriminada de la especie catival (Priora copaifera),
en vía de extinción, y la afectación de la vocación forestal de la selva
húmeda tropical.
Por el desplazamiento forzoso de más de 2.500 afro colombianos y mestizos, y
una tercera parte de los pueblos indígenas de la región ( En desarrollo de
la “Operación Génesis”, militares y paramilitares perpetraron
ametrallamientos contra la población, incendios a sus bienes y cosechas,
asesinatos, violencia sexual, desapariciones forzadas, entre otros.

Urapalma S.A.
Por haber actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el estado
colombiano en la siembra ilegal de palma en un área de 7000 hectáreas, dentro
de territorios colectivos de comunidades afro colombianas.
Por haberse beneficiado de la ejecución y posterior impunidad de 13
desplazamientos forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos
a caseríos, 14 incursiones de carácter paramilitar, agresiones a la zona
humanitaria y 4 asesinatos cometidos contra los habitantes de la región.
Por propiciar la violencia, favorecerse de ella y haber pretendido legalizar
la propiedad en favor de sus intereses económicos (a través de la celebración
de contratos de usufructo, suscripción de falsas actas de compromiso para el
aprovechamiento, la falsificación de documentos públicos y privados, la
alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos, entre otros).

Monsanto (Estados Unidos)
Por suministrar sin responsabilidad legal el componente Round-up Ultra para
aspersión aérea en el programa de erradicación de cultivos de uso ilícito con
glifosato, estrategia principal del plan Colombia.
Por la complicidad en la violación del artículo 14 del Protocolo 1 de Ginebra
que prohíbe como método de combate hacer padecer hambre a las personas
civiles y atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población
civil como artículos alimenticios, cosechas, ganados, reservas de agua
potable y las obras de riego, como resultado de las fumigaciones a
territorios indígenas y campesinos.
Por afectar la biodiversidad y el medio ambiente en los territorios fumigados.
Por la responsabilidad respecto a las consecuencias humanitarias, sociales y
territoriales producto de las acciones de fumigaciones aéreas masivas e
indiscriminadas.

Dyncorp (Estados Unidos)
Por su participación en el programa de aspersiones aéreas indiscriminadas, en
el marco del Plan Colombia, particularmente en la prestación de seguridad a
las aeronaves.
Por obtener grandes utilidades generando guerra e inestabilidad política y
volver el conflicto interno colombiano en un elemento funcional a la
prestación de sus servicios.
Por beneficiarse del mercenarismo que promueve y propicia el deterioro de las
condiciones de vida de la población que padece la militarización, la pérdida
de miles de vidas y con ellas el delicado tejido social al que pertenecen.
Por la destrucción de recursos naturales y la pérdida de valores de la
humanidad en términos culturales y ecológicos, propiciar graves crisis
humanitarias, e ignominiosas crisis alimentarias; la pérdida de bienes de la
población, la vulneración de la dignidad humana; la destrucción y el dolor.
Por violación a los derechos humanos contra comunidades colombianas y
ecuatorianas que sufren los impactos de su actividad empresarial, todas
ellas, graves afrentas contra la humanidad.

Audiencia sobre el sector Petrolero: Bogotá, agosto 3 y 4 de 2007

Occidental Petroleum Corporation-Occidental de Colombia –OXY- (Estados
Unidos) y Repsol YPF (Estado Español)
Por los impactos generados con las actividades de explotación petrolera en
los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander.
Por la financiación directa de la Brigada XVIII y los convenios de seguridad
para la infraestructura petrolera celebrados con el gobierno nacional.
Por la financiación de la estructura de apoyo de la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de judicializar cualquier actividad de oposición a la
explotación petrolera en Arauca.
Por su participación directa en el ataque contra la población de Santo
Domingo (Arauca, dic. 13 de 1998) que ocasionó 17 muertos y 25 heridos,
operación perpetrada por parte de la Fuerza Aérea y en la cual la empresa
aportó las coordenadas para dirigir el bombardeo.
Por el asesinato de los líderes Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge
Prieto (Caño Seco, Arauca, agosto 5 de 2004, perpetrado por parte del Grupo
mecanizado “Revéis Pizarro” de la Brigada XVIII.
Por la masacre perpetrada en los caseríos de Flor Amarillo, Piñalito y Cravo
Charo (Tame, Arauca, mayo 19 y 20 de 2004) en la que fueron asesinados 12
campesinos de la región, por parte de la estructura paramilitar “Bloque
Vencedores de Arauca” y del ejército.
Por la masacre perpetrada en el caserío La Cabuya (Tame, Arauca, noviembre 20
de 1998), en la que fueron asesinados 5 campesinos por parte de las
estructuras paramilitares y el ejército nacional (Brigadas XVI de Casanare y
XVIII de Arauca)
Por agenciar las detenciones masivas realizadas en 2002, 2003 y 2005, a
través de espectaculares operativos conjuntos de Fiscalía, CTI y DAS, con un
resultado de 118 líderes sociales y sindicales privados de la libertad.
Por la destrucción del ecosistema estratégico y santuario cultural y
biológico del Lipa, resultado de las actividades de extracción petrolera en
el campo Caño Limón.
Por el despojo e invasión de los territorios ancestrales de los pueblos U’wa
y Sikuani.

British Petroleum Company –BP- (Inglaterra)
Por la desarticulación del movimiento social y campesino, para garantizar el
control territorial y el desarrollo de la explotación petrolera en Casanare:
exterminio de la ANUC, ACDAINSO, ASOCHARTE (asesinato del presidente y
desaparición de 8 dirigentes) y ASOVEC (asesinato del presidente y miembros
de la comunidad); asesinato de Carlos Mesías Arriguí, Oswaldo Vargas, Daniel
Torres y Roque Julio Torres.
Por el asesinato de Carlos Hernando Vargas Suárez, a fin de evitar el control
ambiental ejercido desde la autoridad competente (Corporinoquia).

Empresas transnacionales petroleras y gobierno nacional

Por el aniquilamiento de la USO (105 asesinatos, 2 desaparecidos, 6
secuestrados, 35 heridos en atentados, 400 refugiados internos, 10 exiliados,
300 amenazados, 30 detenidos, 900 judicializados, 55 mobbing.
Por el asesinato de los dirigentes sindicales Aurí Sará Marrugo, Manuel
Gustavo Chacón Sarmiento, Jorge Orlando Higuita, Enrique Arellano y Rafael
Jaimes Torra.

Audiencia sobre Servicios Públicos. Marzo 8 al 10 de 2008

Unión Fenosa – Electricaribe – Electrocosta (Estado español)
Por la vulneración de derechos laborales y sindicales y de los derechos a la
vida e integridad personal de sus trabajadores.
Por los daños graves ocasionados a territorios de grupos étnicos y campesinos
a través de la inundación de tierras colectivas, causando el desplazamiento
forzado, la ruptura de tejidos sociales y la destrucción de organizaciones
comunitarias y de prácticas culturales.
Por la violación a la soberanía, al apoderarse de los recursos estratégicos
de la nación.
Por la manipulación de instrumentos legales nacionales e internacionales en
beneficio de sus intereses económicos.
Por la implementación de formas de corrupción para incidir en la formulación
y ejecución de políticas públicas en beneficio de la empresa transnacional.
Por la precarización del servicio de suministro de energía eléctrica,
causando numerosos accidentes en la población, muchos de los cuales han sido
mortales.
Por la contaminación de ríos, causada por el vertimiento de lodo con alto
grado de toxicidad; por afectaciones más generales al equilibrio ambiental,
destrucción de especies únicas, ruptura de la cadena alimentaria, alteración
del ciclo natural de reproducción de las especies de río y proliferación de
enfermedades en la población.

Aguas de Barcelona - Aguas de Cartagena (Estado español)
Por la violación a los derechos humanos laborales, sindicales, al medio
ambiente y a los derechos de los consumidores.
Por la desviación de recursos públicos destinados a mejorar la prestación del
servicio.
Por detrimento del medio ambiente al arrojar aguas residuales a caños y
lagunas de la ciudad de Cartagena.

Canal Isabel II - Metroagua (Estado español)
Por la violación de los derechos de acceso al agua y a los servicios
sanitarios, así como los derechos a la salud y a un nivel de vida humano,
respecto a la población de Taganga.
Por la estigmatización contra los habitantes de Taganga, como mecanismo para
justificar la violación de sus derechos y garantizar el monopolio sobre la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Endesa – Emgesa (Estado español)
Por la violación a los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores,
negándoles la libertad de asociación.
Por infringir las normas de seguridad industrial.
Por el deterioro ambiental generado por su filial EMGESA en zonas de los ríos
Bogotá, Guarinó y otros.

Telefónica (Estado español)
Por beneficiarse de la privatización de Telecom - Colombia
Telecomunicaciones -, en detrimento del patrimonio público y el interés
general.
Por la vulneración del derecho de asociación de sus trabajadores, con
despidos respecto a los intentos de sindicalización (más de 1200 trabajadores
despedidos sólo en 2007).

TQ3 – Aviatur (Estados Unidos)
Por propiciar y beneficiarse de las políticas de privatización de los Parques
Nacionales Naturales, en un proceso de entrega en concesión a entidades
privadas.
Por el beneficio obtenido en detrimento de las condiciones de vida digna de
los pescadores y habitantes de las zonas concesionadas, aledañas a los
parques naturales Tayrona y Nevados.
Por el deterioro ambiental, desplazamiento, destrucción de las culturas
tradicionales y privatización de los servicios eco turísticos.

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Enviado por justipaz.co el Mar, 2008-08-05 19:57. categories [ ]