COLOMBIA: Informe anual 2007

Contexto político

En 2007 continuó el conflicto armado interno que perdura desde hace ya más de 40 años, dando lugar a múltiples violaciones de derechos humanos provenientes de todas las partes en conflicto, llámense fuerzas de seguridad, paramilitares que operan con el apoyo del ejército, o grupos de guerrilla, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La población civil ha seguido siendo la primera víctima de este conflicto; miles de civiles han sido objeto de continuas violaciones del derecho internacional humanitario (ataques armados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamientos forzados, toma de rehenes, etc.), todo dentro de la más absoluta impunidad.

Colombia contabiliza además uno de los mayores números de desplazados internos en el mundo1, especialmente en el seno de la población indígena y afrocolombiana de diversas regiones del país.

Por otra parte, los escándalos relacionados con la “parapolítica” dieron como resultado el enjuiciamiento y encarcelamiento, en 2007, de 21 diputados que habrían tenido nexos con los grupos paramilitares. Estos políticos en su mayoría son miembros del partido político liderado por el Presidente del país, el cual, en octubre de 2007, intentó desestabilizar la Corte Suprema acusando a sus miembros de corrupción.

A pesar de que el Presidente Álvaro Uribe Vélez fue reelegido en 2006 bajo la promesa de remediar el problema de la inseguridad y reforzar la autoridad del Estado, Colombia continúa hundida en un conflicto armado interno que enfrenta al Estado y a las principales organizaciones guerrilleras, mientras que el ejército continúa conformando estructuras paramilitares, aunque estas últimas hayan entrado en un proceso de “desmovilización”. En realidad, éste derivó en una amnistía de facto para la inmensa mayoría de los miembros de los grupos paramilitares que habían aceptado negociar, o en una parodia de proceso judicial para sus dirigentes, en el marco de la aplicación de la Ley de “Justicia y Paz”2.

Así, los paramilitares “desmovilizados” continuaron amenazando a campesinos, miembros de pueblos autóctonos, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Además, Colombia sigue siendo uno de los países del mundo donde son asesinados un mayor número de defensores de derechos humanos.

Así, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en 2007, 44 defensores fueron asesinados, entre ellos 39 sindicalistas. A este respecto, aunque el Ministerio del Interior puso en marcha, en 1997, un “Programa de protección para los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas y los dirigentes sociales”, especialmente a favor de los defensores víctimas de amenazas, creado con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, dicho programa suscita la desconfianza de la mayoría de sus beneficiarios.

En efecto, las medidas de protección consisten principalmente en la adjudicación de escoltas armados, generalmente agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes algunas veces han sido cómplices de actos de intimidación contra las personas que deben proteger. Numerosos defensores de derechos humanos se sienten más protegidos por la ayuda y la presión ejercida por la comunidad internacional, que por las medidas puestas en marcha por el Gobierno3.
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Estigmatización de las actividades de defensa de los derechos humanos

Mientras la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos contra los defensores (amenazas, ataques, actos de hostigamiento, asesinatos o desapariciones forzadas) quedan impunes4, las autoridades siguieron utilizando en 2007 un discurso a veces agresivo contra los defensores, especialmente aquellos que denuncian las violaciones cometidas por los actores armados, y desacreditando sus actividades con acusaciones de alianzas con las guerrillas. Así, el 17 de octubre de 2007, el Presidente Álvaro Uribe Vélez declaró ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 31ª período extraordinario de sesiones, que éstos desarrollaron en Bogotá del 17 al 20 de octubre, que “cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violación de derechos humanos”. Estas declaraciones, que se suman a las acusaciones pronunciadas en Tierralta (Córdoba), el 3 de febrero de 2007, y que comparaban a los defensores de derechos humanos con “terroristas vestidos de civil”, fueron el origen de un sensible aumento en las amenazas paramilitares contra decenas de organizaciones de la sociedad civil5.

En febrero de 2007, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos fueron amenazadas de convertirse en “objetivo militar” por las FARC si no “apoyaban la movilización popular y la exigencia de la renuncia de Uribe, para abrir paso a la conformación de un Nuevo Gobierno”6. Los defensores de derechos humanos son regularmente perseguidos por la justicia y acusados de “rebelión”, como por ejemplo los Sres. Andrés Gil, Óscar Duque, Evaristo Mena y
Mario Martínez, miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), en Barrancabermeja, detenidos el 29 de septiembre de 2007 por militares y agentes del DAS.

Los defensores que luchan contra la impunidad blanco de las partes en el conflicto

El desencadenamiento de la violencia contra los defensores es ocasionado en la mayoría de veces por su toma de posición en contra del conflicto armado y de la actuación ilegal o arbitraria de las autoridades, sean civiles, militares o policiales, o en contra de los abusos cometidos por los grupos armados. En efecto, mientras que el Presidente Uribe no cesa de resaltar la desmovilización de decenas de miles de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con base en la Ley de Justicia y Paz, los defensores de derechos humanos siguieron siendo objetivos militares para las partes en el conflicto, incluidos los paramilitares desmovilizados que se han reorganizado con nuevos nombres.

Así, numerosas ONG recibieron amenazas por parte de los “nuevos” grupos paramilitares: por ejemplo, en marzo y junio de 2007, varias organizaciones del departamento de Nariño fueron amenazadas por correo electrónico por el grupo paramilitar “Nueva Generación de Águilas Negras”, acusándolos de ser “terroristas escondidos detrás de los derechos humanos” y declarándolos objetivos militares7. Igualmente, el 25 de mayo de 2007, los miembros de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), en Medellín, fueron amenazados con ser declarados “objetivos militares” si no renunciaban a sus actividades en favor de la lucha contra la impunidad.

Además, es muy frecuente que las organizaciones y los defensores que denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares sean víctimas de represalias. Por ejemplo, el 22 de enero de 2007, la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil para la Paz, en Bogotá, fue violentamente asaltada por desconocidos, que robaron el computador central que contenía los archivos de la organización, entre ellos las denuncias depositadas contra los grupos paramilitares y los documentos en base a los cuales se pretendía obtener reparación para las víctimas. Peor aún, varios de estos defensores pagaron con su vida la búsqueda de justicia y de verdad, como por ejemplo la Sra. Yolanda Izquierdo Berrío, Dirigente de la Organización Popular de Vivienda. (OPV), asesinada el 31 de enero de 2007 después de haber asumido la dirección de un grupo de víctimas de los paramilitares8. Además, el 30 de marzo de 2007, la Sra. Jahel Quiroga Carrillo, Directora de la Corporación para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos “REINICIAR”, fue informada de la existencia de un complot para asesinarla.

El 26 de noviembre de 2007, tres desconocidos dispararon en tres ocasiones contra el edificio donde reside la Sra. Quiroga Carrillo.

Los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, blanco de una violenta represión

Los actos de violencia están igualmente dirigidos contra los defensores de los derechos sindicales, de la mujer, de los pobres y de los desplazados por el conflicto armado y también contra las minorías étnicas.

Dirigentes sindicales y campesinos

A pesar de la firma, en junio de 2006, del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, bajo los auspicios de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el cual prevé una presencia permanente de esta última en el país, a partir de enero de 2007, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno en materia de aplicación de la libertad de asociación, al igual que el progreso de las investigaciones sobre las ejecuciones cometidas contra sindicalistas en 2007, la situación de los dirigentes sindicales sigue siendo muy preocupante, pues éstos siguen siendo víctimas de graves actos de hostigamiento, que van desde persecuciones y amenazas hasta ejecuciones extrajudiciales.

Según un informe de algunas ONG, 2.515 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1985, de los cuales un 20% eran dirigentes sindicales; en un 95,6% de los casos, estos crímenes han quedado en la impunidad9. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) registró 32 asesinatos de sindicalistas entre el 1º de enero y el 13 de noviembre de 2007. La Escuela Nacional Sindical (ENS) ha contabilizado 38 asesinatos del 1º de enero al 1º de diciembre de 2007.

En efecto, numerosos dirigentes sindicales siguieron siendo asesinados a causa de sus actividades, como el Sr. Leonidas Silva Castro, asesinado el 2 de noviembre de 2007 en el municipio de Villacaro (Norte de Santander); el Sr. Jairo Giraldo Rey, asesinado el 3 de noviembre de 2007 en el municipio de Toro (Valle del Cauca); la Sra. Mercedes Consuelo Restrepo Campo, asesinada el 7 de noviembre de 2007 en Cartago (Valle del Cauca); y también el Sr. José Jesús Marín Vargas, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias de Alimentos (SINALTRAINAL), asesinado el 22 de noviembre de 2007 en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Además, los dirigentes sindicales no cesan de recibir amenazas de muerte: por ejemplo, los Sres. Domingo Flórez, Nelson Pérez, Luis Eduardo García y Luis Javier Correa Suárez, cuatro Dirigentes de SINALTRAINAL en Bucaramanga, recibieron amenazas de muerte en varias ocasiones en 2007, especialmente por parte de las Águilas Negras.

Las asociaciones y dirigentes campesinos son igualmente el blanco de actos de represalia, especialmente por parte de los paramilitares y por los miembros de las FARC. Así, el 14 de mayo de 2007, el Sr. Francisco Puerta, dirigente campesino, fue asesinado en Antioquia.

Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer

Las agresiones cometidas por el conjunto de partes en conflicto no dejan de lado las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la mujer, especialmente la Liga de Mujeres Desplazadas y la Organización Femenina Popular (OFP). Después de haber recibido amenazas en diciembre de 2006, cuyos autores habían declarado que atacarían a sus parientes, la hermana de uno de los miembros de la OFP fue secuestrada en febrero de 2007 y retenida durante cerca de un mes.

Igualmente, el 4 de noviembre de 2007, dos hombres penetraron en el domicilio de la Sra. Yolanda Becerra Vega, Directora de la OFP en Barrancabermeja, la agredieron físicamente y la amenazaron de muerte, exigiéndole que abandonara el país en un plazo de 48 horas10.

Defensores de los derechos de las poblaciones autóctonas

Los dirigentes de las comunidades autóctonas y afrodescendientes siguen siendo el blanco de actos de represalia, con el fin explícito de los paramilitares de destruir las estructuras de estas comunidades: así, varias procesos judiciales fueron iniciadas contra el Sr. Armando Pérez Araújo, abogado especializado en la defensa de las poblaciones afectadas por la industria minera, especialmente de grupos autóctonos y campesinos afrodescendientes, en el departamento de la Guajira. Los dirigentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó también siguieron siendo víctimas de recurrentes actos de intimidación.

1./ Tres millones de personas desplazadas según las Naciones Unidas (Ver Informe del Sr. Walter
Kälin, Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
de los desplazados internos, Documento A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007).

2./ En el marco de la Ley Nº 975 de 2005 (llamada Ley de Justicia y Paz), aprobada por el Congreso colombiano el 21 de junio de 2005, y ratificada por el Gobierno en julio de 2005, numerosos paramilitares apoyados por el ejército y otros grupos armados ilegales se “desmovilizaron”. Esta ley garantiza, de hecho, la impunidad y el olvido de crímenes cometidos por los paramilitares y miembros de otras fuerzas armadas ilegales en el contexto de la guerra civil en el país.

3./ A este respecto, en las Conclusiones del 19 de noviembre de 2007, el Consejo de la Unión Europea señaló “los medios adicionales puestos a disposición por el Gobierno colombiano con el fin de proteger a los defensores, los testigos, los periodistas, los sindicalistas y otras personas en peligro. Sin embargo, los ataques contra estas personas continúan. En consecuencia, el Consejo exhorta al Gobierno colombiano a continuar adoptando medidas concretas con el fin de proteger a las personas en peligro y a poner término a la impunidad. La protección de los defensores de derechos humanos debería recibir una atención particular” (Traducción no oficial).

4./ Ver Informe de la Misión Internacional de Investigación del Observatorio, Colombia: Las tinieblas de la impunidad: muerte y persecución a los defensores de derechos humanos, julio de 2007.

5./ Ver Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), febrero de 2007.

6./ El 8 de febrero de 2007, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Representación Permanente de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia condenaron en un comunicado estas amenazas dirigidas a 70 ONG y organizaciones sindicales y sociales.

7./ De nuevo, en un comunicado difundido el 23 de marzo de 2007, la Oficina en Colombia del ACNUDH “expres[ó] su preocupación por las amenazas de muerte que integrantes del nuevo grupo armado ilegal Nueva Generación han proferido contra defensores de derechos humanos en el departamento de Nariño”.

8./ El 1º de febrero de 2007, la Oficina en Colombia del ACNUDH condenó en un Comunicado de Prensa la “muerte violenta de la señora Yolanda Izquierdo Berrío” a pesar de que ella “había informado a las autoridades regionales competentes sobre amenazas en contra de su integridad personal”. Igualmente, la CIDH “expres[ó] su repudio frente al asesinato de la señora Yolanda Izquierdo, quien había comparecido a las audiencias de versión libre del líder paramilitar Salvatore Mancuso en cumplimiento del procedimiento establecido en la llamada “Ley de Justicia y Paz” […]” y que “lideraba los reclamos de cientos de campesinos por usurpación de tierras por parte de miembros de las AUC en el departamento de Córdoba”. La CIDH también dijo que “habiendo sido el blanco de amenazas de muerte desde el mes de diciembre de 2006 - solicitó reiteradamente la protección de las autoridades judiciales, sin recibir respuesta” (Ver Comunicado de Prensa Nº 4/07, 2 de febrero de 2007).

9./ Ver Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), con la colaboración y el apoyo de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Evaluación de la aplicación del Acuerdo Tripartito: mandato, estructura, funcionamiento y financiación de la presencia permanente de la OIT en Colombia, presentada en la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo, mayo de 2007.

10./ Al respecto, la Oficina del ACNUDH en Colombia condenó “la agresión y las amenazas de muerte de las que ha sido víctima la señora Yolanda Becerra”, recordando que “desde hace varios años, la OFP se beneficia de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, “debido a las constantes y frecuentes amenazas que recibe en su labor de promover y defender el derecho de la mujer” (Ver Comunicado de Prensa, 6 noviembre de 2007).

Enviado por justipaz.co el Jue, 2008-06-26 22:22. categories [ ]