CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS
La Convergenciapor los Derechos Humanos, alerta a los pueblos y pueblo de
Guatemala por el terror que intenta imponerse con el incremento de ejecuciones y
ataques contra usuarias, usuarios y pilotos del transporte urbano, los
asesinatos de mujeres, niños y niñas, así como la criminalización de la
actividad de defensores y defensoras de derechos humanos.
El terror y el miedo vienen acompañados de documentos apócrifos y discursos, en
los cuales, al justificar esta situación alarmante, se utiliza un lenguaje
propio del autoritarismo que invoca la impunidad como moneda de cambio. En
estos, se descalifica y discrimina a cualquier tipo de diferencia, mientras se
alienta el desprecio a la vida pues, se promueve una falsa idea de que un sector
determinado tiene la exclusividad para acceder al poder público.
Ese lenguaje violento recuerda y hace presente los años de las amenazas de
muerte, el desplazamiento forzoso, la persecución criminal, las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los actos de tortura, la violencia
sexual y el genocidio que las fuerzas de seguridad cometieron contra la
población civil no combatiente de los pueblos y del pueblo guatemalteco.
Violaciones a los derechos humanos por las cuales, sobrevivientes y familiares
de las víctimas aún esperan y reclaman justicia al Estado. Vemos con
preocupación que no hay diferencia entre los asesinatos del pasado y el lenguaje
inquisidor de la actualidad.
Tenemos muy poco para dudar que este terror y miedo que día a día se siembra con
los ataques a los y las usuarios y pilotos del servicio del transporte urbano
capitalino y de municipios aledaños, así como contra la ciudadanía en general,
se origina en esos factores de poderes ligados a las violaciones a los derechos
humanos y graves delitos de lesa humanidad y genocidio, y son ellos los que hoy
invocan la impunidad ante la total pasividad de las autoridades del Estado.
El miedo y el terror que se siembra en estos días son el nicho en el cual anida,
crece y se reproduce la impunidad, y con ella, la proliferación inusitada de los
cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin la justicia por las
graves violaciones a los derechos humanos, la impunidad y los aparatos de
seguridad de nuevo se multiplican y hoy crecen vinculados a la incesante
actividad del crimen organizado, que atraviesa incluso los poderes económicos en
el país.
Después de la firma de los Acuerdos de Paz, ninguno de los presidentes electos a
la fecha, ni los integrants del Congreso de la República, han tomado medidas
serias para erradicar el flagelo de la impunidad y desmantelar los cuerpos
paramilitares. Menos aún, para administrar la justicia pronta y cumplida a la
cual los pueblos y el pueblo guatemalteco tienen derecho. El Acuerdo Global de
Derechos Humanos identifica con mucha claridad el problema y ofrece caminos a
seguir para fortalecer el Estado de Derecho.
A instancia de propuestas de organizaciones sociales y de derechos humanos, la
comunidad internacional expresada en las Naciones Unidas, acordó la creación de
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde hace
tres años. No ha sido fácil el camino de la Comisión. Como fiscalía especial, en
sus investigaciones, la CICIG ha identificado y golpeado a estructuras ligadas a
la impunidad, al crimen organizado y a aparatos de seguridad. Son numerosos los
detenidos por la acción de la fiscalía especial y públicos sus nombres. Además
de ser responsables de violaciones a los derechos humanos del pasado, hoy los
detenidos están ligados a múltiples ilícitos del crimen organizado.
El Estado de Guatemala tiene responsabilidad en la barbarie. El gobierno, por su
actitud indolente, el Congreso por su irresponsabilidad y su preocupación
exclusiva por la reelección, el Organismo Judicial por su ineptitud para depurar
sus estructuras. Así las cosas, no hay manera de que el conjunto del sistema de
procuración y administración de justicia, reaccione con decisión y cumpla su
obligación de proveer la garantía del derecho a la vida. Ante ello, los pueblos
y el pueblo de Guatemala -en su mayoría usuario del transporte colectivo-, está
sometida nuevamente al desprecio, a la discriminación y el racismo que
justifican esta ola de violencia.
Por lo anterior, las organizaciones que integramos la Convergencia por los
Derechos Humanos emplazamos al Estado de Guatemala y exigimos al Presidente y
gobierno de la República que de una vez por todas, desmantele las estructuras
que producen y procuran impunidad. De igual forma, demandamos a las y los
diputados al Congreso, que dejen de lado sus afanes reeleccionistas e inviertan
el tiempo en promulgar las leyes y reformas en materia de seguridad propuestas
por la CICIG, a fin de dotar al sistema de seguridad de las herramientas
necesarias para el combate a la impunidad. Al Organismo Judicial, en particular
a la Corte Suprema de Justicia, que concentre sus esfuerzos en el combate a la
corrupción dentro de sus estructuras.
¡Detener la barbarie!
Guatemala, 2 de agosto de 2010
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Fundación Sobrevivientes
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Unidad de protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala
(UDEFEGUA)
