Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales
El Gobierno de la República, ratificando su posición servil ante los intereses de las transnacionales, anunció ayer que prolongará por quince días más el Estado de Sitio en todo el Departamento de San Marcos. Las razones que argumentan para continuar con la suspensión de los derechos ciudadanos son simplemente absurdas, llegándose al límite de lo ridículo.
El vocero presidencial, Luis Velásquez, las explica de manera clara y precisa:
“algunos grupos han tratado de reunirse para continuar con las protestas,
éstos, guiados por los líderes que posiblemente sean señalados por la
empresa distribuidora de luz y que tengan órdenes de captura”.
La Hora, 4 de Enero del 2010
Es decir, se prolonga el Estado de Sitio simplemente porque las autoridades piensan
que hay grupos que tienen la intención de reunirse. No porque se hayan reunido, ni
porque desde el pueblo se haya actuado de una manera contraria al interés
nacional, ni porque exista una situación de desorden, de violencia, ni siquiera porque
se haya dado un solo hecho que amerite semejante medida. Simplemente porque
creen que hay quienes quieren reunirse. ¡Querer reunirse: Flagrante delito! ¿Desde
cuándo la intención de reunirse justifica la declaratoria de Estado de Sitio o, en este
caso, su prolongación?
Ante semejante disparate cabe preguntarse: ¿Por qué un Gobierno, cualquiera que
sea, le teme tanto a la posibilidad de que el pueblo se reúna?
Sin embargo, desde la Gobernación Departamental sí se autorizan reuniones
convocadas por Unión FENOSA o, para ser más precisos, por los achichincles que,
bien pagados, sirven a los intereses de Unión FENOSA. Es decir, que hay Estado de
Sitio para unos, pero no para otros. ¡Vaya pues! La transnacional si está plenamente
facultada para reunir a la población y exigirles el pago de los recibos que el pueblo
se ha negado a cancelar. Esas reuniones si tienen el visto bueno del Gobierno. Pero
ninguna otra.
En el mismo párrafo entrecomillado arriba destaca el hecho de que, según sus
propias declaraciones, el Gobierno espera que Unión FENOSA le indique contra
quiénes tiene que emitir órdenes de captura.
Se trata, pues, de órdenes de captura que no se derivan de procesos de
investigación realizados por el Estado por la comisión de delito alguno, ni siquiera de
faltas o contravenciones, sino, simple y sencillamente, nacidas desde una “lista
negra” emitida por la transnacional, a la cual el Gobierno hará caso. ¿Quién manda
en el país, entonces? ¿Cuándo se emitirá orden de captura contra los empleados de
Unión FENOSA que han sido detenidos in fraganti cometiendo actos de sabotaje?
¿Cuándo se emitirán órdenes de captura contra los asesinos de Víctor Gálvez?
En las mismas declaraciones públicas, el Gobierno esclarece, de manera definitiva,
a quién sirve, cuando el vocero presidencial precisa, como logros alcanzados por los
primeros quince días del Estado de Sitio, los siguientes:
“indicó que se han tenido logros como el restablecimiento de la energía
eléctrica y la apertura de oficinas móviles para proporcionar información a
la población” La Hora, 4 de Enero del 2010
“Velásquez precisó que mucha gente está anuente al pago de la deuda,
por lo que el presidente Álvaro Colom amplió el estado de Prevención”
Prensa Libre, 4 de Enero
Aunque parezca mentira, esas son declaraciones emanadas de la Presidencia de la
República, no desde la oficina de Relaciones Públicas de Unión FENOSA, de
DEORSA o de DEOCSA. En síntesis, el Presidente prolonga el Estado de Sitio
simplemente para que la población le pague a una empresa privada transnacional.
Se suprimen los derechos ciudadanos para forzar a la gente a pagar una deuda que
la población declara inexistente, en beneficio exclusivo de Unión FENOSA.
Esos logros que señalan las autoridades de Gobierno no dejan lugar a dudas: El
Estado de Sitio y su prolongación no buscan otra cosa más que proteger los
intereses de Unión FENOSA, por encima de la voluntad del pueblo. ¿Quién eligió a
Colom como Presidente de la República, Unión FENOSA o el pueblo guatemalteco?
Cualquier día el vocero presidencial nos informará que, luego de un Estado de Sitio,
como logro del Gobierno se incrementó la venta de Pollo Campero, se aumentó el
número de llamadas por Claro o se vende más Cemento Novella.
Por otra parte, es preciso que el pueblo sepa que el propio vocero de la Presidencia,
quien ocupa el cargo de Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, fue
destacado militante del Partido Patriota hasta el día que esta, su agrupación política,
perdió las elecciones en la segunda ronda.
¿Cómo un destacado miembro del Patriota llega a ocupar un puesto de altísima
confianza en el Gobierno de la UNE? Ese es uno de esos misterios propios de los
pactos que se dan entre las derechas, bajo mandato de quienes realmente tienen el
poder: los ricos de este país y los consorcios transnacionales.
En todo caso, lo importante es entender que, en esta agresión hoy contra el pueblo
de San Marcos, ayer contra San Juan Sacatepéquez, antier contra Coatepeque, y
antes contra Huehuetenango, se conjugan, de manera armoniosa y coherente, la
voluntad política de la UNE y del Patriota, partidos políticos que, al final, sirven a los
mismos amos.
Un Estado de Sitio, o de Prevención, como han dado a llamarle, no es otra cosa más
que la suspensión por ley de la Democracia y la instalación, por ley, de la dictadura.
Es decir, es la imposición de la fuerza bruta por encima de cualquier espacio de
participación ciudadana. Es colocar la violencia legal en calidad de arma para
desmovilizar al pueblo. Es instaurar la represión y el miedo como instrumentos de
control social.
Esa actitud, al final, lo que evidencia es la incapacidad, desde el Estado, para
construir consensos; revela el punto tan cercano a la ingobernabilidad hasta el cual
las políticas de derecha han llevado al país.
• La injusta distribución de la riqueza;
• la exclusión de las mayorías al disfrute de los bienes y servicios sociales;
• la deshumanización de las relaciones entre las personas;
• el racismo y la discriminación como prácticas rectoras de la vida social;
• el férreo control ideológico desde los sectores que detentan el poder;
• la depredación indiscriminada de la madre naturaleza;
• la abyecta sumisión ante imposiciones e intereses foráneos;
• la violación permanente de la libertad sindical, de la negociación colectiva, de
los derechos humanos y laborales,
son sólo algunos de los efectos negativos más visibles derivados de un Estado que,
cuando menos desde 1954 y hasta la fecha, se ha venido construyendo a sangre y
fuego, y que favorece sólo a unos pocos a costa de la pauperización de millones que
formamos parte de los sectores populares.
Ante esa realidad, el pueblo empieza ya a estar harto. Por ello, cada día se organiza
de mejor forma y da la lucha en defensa de sus legítimos derechos e intereses. Esa
actitud, que sólo puede calificarse como digna y firme, obviamente no es del agrado
de quienes, desde el 54, han detentado el poder para su exclusivo provecho. La ven,
entonces, como un riesgo para la perpetuación del modelo que sirve a sus
propósitos, como un peligro para la perpetración del latrocinio en el que medran
como la mala hierba.
Por su parte, este Gobierno, en todos los campos sustantivos de la vida nacional,
puede calificarse como una mera continuidad del desastre iniciado por todos sus
predecesores. La profundización de las políticas neoliberales; la entrega sumisa a
manos extranjeras de la riqueza nacional; la incapacidad absoluta para frenar la
escalada de violencia y poner alto a la impunidad que la ampara; el
desmantelamiento del Estado y de sus instituciones de servicios; entre otras
prácticas afines, caracterizan el actual quehacer desde el Gobierno,
Sin embargo, las actuales autoridades del Estado han introducido dos innovaciones
perversas:
• Por una parte, han disfrazado su naturaleza neoliberal con un discurso
populista que no guarda relación alguna con su práctica y, a tono con ello, dan
impulso a programas clientelistas basados en la caridad y en el reparto de
limosnas, que no sólo no resuelven, ni por aproximación, las causas
generadoras de tanta injusticia, sino que, peor aún, las ocultan y las
profundizan.
• Por otra parte, han hecho de la represión una política de Estado que emplean
como única respuesta ante el descontento popular derivado de sus desatinos.
En dos años, se han dado el lujo de decretar ya en cinco ocasiones el Estado
de Prevención, práctica que no conduce a otra cosa más que a la suspensión
de las garantías constitucionales, de los derechos civiles y políticos, en
síntesis, al retorno paulatino y acelerado del ejercicio dictatorial del poder.
En ese marco, la declaratoria del Estado de Sitio se ha convertido ya en la única
respuesta que presenta el Gobierno ante la creciente conflictividad social. Lo que
hoy ocurre en San Marcos ha sido la receta única a la que acuden las autoridades
para enfrentar los conflictos que sus propias prácticas políticas generan.
Primero, en Mayo del 2008, a escasos dos meses de haber asumido el ejercicio del poder, los empresarios del transporte de carga protestaron ante medidas adoptadas por la Alcaldía
Metropolitana. En lugar de atender sus demandas, el Gobierno de la UNE procedió a decretar el Estado de Prevención en todo el país, como respuesta ante la protesta de este
sector. Es decir, sacó las uñas y respondió con violencia y represión. Con ello, dio
claras muestras de su absoluta falta de voluntad para escuchar el clamor que nace
desde la inmensa mayoría de las organizaciones sociales.
Apenas un mes después, cuando vecinos de 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, con toda razón y derecho, expresaron su firme rechazo a la construcción de una planta
cementera en su territorio, recibieron como respuesta oficial la suspensión de sus garantías y la incursión de tropas combinadas, las cuales públicamente actuaron con la misión de capturar a los dirigentes comunales.
Estas tropas, dueñas de una actitud propia de las fuerzas contrainsurgentes que
operaron con impunidad años atrás, se encargaron de sembrar pánico entre los
vecinos del área afectada por el estado de Prevención. Con estos hechos, las
autoridades del Estado pusieron en evidencia que están dispuestas a conculcar la
Paz en aras de defender intereses privados.
Luego, a partir del 5 de Octubre del 2008, la represión la dejan caer sobre los pobladores de Coatepeque, en donde las autoridades decretaron el estado de Prevención un récord de catorce veces consecutivas. Habría que revisar si esa práctica política
aparecerá en el libro Guinness, porque convendría registrarla. En este caso, las autoridades adoptaron la medida porque los trabajadores por cuenta propia se
resistieron, (y resisten aún), a acatar las órdenes de desalojo que les estaban
arbitrariamente imponiendo.
Luego fue en Huehuetenango. En este otro nuevo caso, debido a que los habitantes del Municipio, hartos ya de no ser escuchados, se tomaron la
Alcaldía para demandar que se resuelvan los problemas que desatiende esa Alcaldía. Para dialogar con la población, Colom se instaló en la base militar de la cabecera departamental, lo cual obligó a los dirigentes comunitarios a pasar en medio de un tenebroso cerco de fusiles para platicar con el Presidente.
¿Qué diálogo puede tomarse en serio cuando una de las partes apunta con las armas a la cabeza de la otra y le suspende sus derechos y garantías?
Todo indica que este Gobierno está dispuesto a emplear el estado de Prevención
como respuesta universal ante las demandas que emanan desde el seno del pueblo.
No quieren asumir responsabilidades ante el hecho indiscutible de que la protesta
popular se da precisamente como justa reacción frente a los resultados emanados
de las inaceptables políticas que ellos mismos impulsan desde el ejercicio del poder.
No quieren entender que, como con certeza afirma el refranero popular, “quien
siembra vientos, cosecha tempestades”, y que con su actitud represiva lo que logran
es exacerbar la cólera social ya existente. No será nunca desde la represión que se
resolverán los problemas que pesan sobre los hombros del pueblo.
Cada vez que decretan un Estado de Prevención o lo amplían, aproximan al país a
un peligroso punto de ingobernabilidad, del cual podrían derivarse consecuencias
aún peores que las que nacen desde las políticas públicas actuales. Actúan, pues,
en contra de la construcción de la Paz, y se convierten, con ello, en enemigos
directos de la democracia real y participativa.
Llama la atención que, por parte del Gobierno, no existe la misma actitud ante
hechos mucho más graves, como:
• las estafas impunes acaecidas en Bancafé, en el Banco de Comercio y otras
empresas del sector financiero;
• en el desvío impune de 87 millones de las arcas del Congreso;
• en el desacato ante la Ley y el robo evidente e impune en que hoy
abiertamente incurren los empresarios privados de transporte de rutas
extraurbanas cortas;
• en el cobro ilegal e impune de servicios eléctricos que practican mes a mes
Unión FENOSA e IBERDROLA;
• en sancionar a los partidos políticos de derecha que iniciaron desde el 2009
una campaña publicitaria ilegal;
• en el impune incumplimiento del pago del salario mínimo que ellos mismos
decretaron y que cientos de finqueros, industriales y comerciantes ignoran
tranquila e impunemente, por mencionar algunos.
En fin, que está claro que el Gobierno actúa con dos medidas diferentes: una, para
los ricos, a quienes todo se les tolera y se les protege con un manto de impunidad, y
otra para el pueblo, en contra de quienes lanzan sin dudarlo sus perros de la guerra.
Esa doble moral debe, por lo menos, ser puesta al descubierto.
En todo caso, a pesar de estas prácticas gubernamentales que indican a las claras
que estamos de cara al retorno de la represión, la lucha popular se fortalece, crece y
se multiplica.
¡LA LUCHA SIGUE!
Guatemala, 5 de Enero del 2009
